El Gobierno español no cree que el régimen de Hugo Chávez esté implicado en los cursos de entrenamiento seguidos en su país por miembros de ETA, pero espera un "gesto" que disipe cualquier sombra de duda. Y ese gesto, según fuentes gubernamentales, no puede ser otro que la destitución del etarra Arturo Cubillas del cargo oficial que ostenta en el Ministerio de Agricultura venezolano: jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras, punta de lanza de las expropiaciones de fincas impulsadas por el régimen bolivariano.
Caracas abre una investigación interna y promete "ir hasta el fondo"
Madrid espera de Venezuela "medidas inmediatas y concretas"
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega explicó ayer que el Gobierno había pedido a Venezuela "acciones inmediatas, concretas y específicas" contra Cubillas. "Esperamos que sean atendidas", subrayó.
Las fuentes consultadas recordaron que la confesión de los dos miembros del comando Imanol -a la que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dado "verosimilitud"- evidencia que Cubillas actúa como embajador de ETA en Venezuela y utiliza sus relaciones con la policía venezolana como salvoconducto para que sus invitados puedan moverse con libertad. "Apartar a Cubillas de su cargo, aunque sea con carácter cautelar y hasta que se aclare lo sucedido, evitaría que este problema se complique todavía más", alegan las fuentes consultadas.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, habló ayer con el embajador venezolano en Madrid, Isaías Rodríguez, y más tarde con el propio canciller venezolano, Nicolás Maduro. Fuentes diplomáticas no quisieron revelar si Moratinos pidió el cese de Cubillas, pero sí explicaron que el Gobierno venezolano se había comprometido "a aclararlo todo e ir hasta el fondo del asunto. Confiamos en que cumplirán su palabra", agregaron.
A la espera de que se pongan en marcha los mecanismos de cooperación judicial previstos en el tratado de extradición entre los dos países, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de una nota verbal, ha hecho llegar a las autoridades venezolanas el auto dictado el pasado lunes por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Tanto el contenido del auto como la petición de información por parte de las autoridades españolas han llevado a Venezuela a abrir una investigación interna en el marco de la cual podría decidirse tanto la suspensión cautelar de Cubillas en su cargo oficial como su interrogatorio por parte de la policía venezolana.
Mucho más lento será el trámite judicial. Fuentes de Exteriores indicaron que, hasta ayer tarde, no se había recibido ninguna petición del juez Moreno para tramitar una comisión rogatoria a Venezuela.
Quien ya procesó en febrero pasado a Cubillas, y dictó su búsqueda y captura a través de Interpol, fue otro juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Sin embargo, la orden de detención nunca se ejecutó ya que, según las fuentes consultadas, estaba ligada a una extradición que Caracas rechaza, al tener Cubillas nacionalidad venezolana. El tratado entre los dos países permite, no obstante, que en ese caso sea la justicia venezolana la que, a instancia española, pueda abrir un proceso penal.
Más allá de la peripecia personal de Cubillas, el problema para España es el riesgo de que Venezuela se convierta en un santuario para ETA, ante el acoso que sufre en Francia. Fuentes de Interior subrayan que los hechos confesados por los dos etarras se remontan a agosto de 2008, antes de que, en mayo pasado, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, viajara a Caracas. En los últimos meses se han producido una serie de hechos significativos, como la expulsión del emisario de la izquierda abertzale Walter Wendelin o el registro de un avión en el que se sospechaba que viajaba un etarra, que evidenciarían un cambio de actitud.
"Se trata de que los etarras que viven en Venezuela [medio centenar], muchos retirados desde hace años, estén bajo control y no tengamos un día la sorpresa de que alguno ha vuelto al servicio activo", alegan fuentes de Interior. Por eso, Velázquez buscó asegurarse la cooperación del poderoso Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)
El Gobierno está convencido de que Chávez no da cobertura a ETA, pero no puede decir lo mismo de la pléyade de grupos de extrema izquierda en la órbita de la revolución bolivariana.
"Ningún terrorista puede sentirse seguro en ningún país. Si [los etarras] están teniendo alguna cobertura en algún ámbito social [de Venezuela], dejarán de tenerla. Y eso se logra con la colaboración del Gobierno de Venezuela", declaró anoche José Luis Rodríguez Zapatero en Tele 5.
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